Las expropiaciones del Metro y el derecho a indemnización

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Los beneficios que conlleva la construcción de las líneas 3 y 6 del Metro, favorecerá indudablemente al país y sus habitantes. Sin embargo, nuestra Constitución Política afirma categóricamente que nadie puede ser privado de su propiedad, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés nacional, calificada por el legislador.

No hay duda que en nuestra Carta Fundamental las expropiaciones motivadas por la construcción de las nuevas líneas del Metro están dentro del margen de la ley. Sin embargo, es la esencia de los procedimientos expropiatorios que el afectado sea indemnizado por el daño patrimonial causado.

La determinación del daño es la mayor dificultad que presenta una expropiación. La valorización de los inmuebles que se expropian para la ejecución de una determinada obra, corresponde, en primer término, a una comisión de tres peritos tasadores designados por un Decreto del Ministerio de Obras Públicas. Sin embargo, en ese procedimiento se reiteran con frecuencia dos errores graves: se uniforma el valor del metro cuadrado respecto de propiedades ubicadas en una misma zona, sin considerar antecedentes específicos de los inmuebles que pueden aumentar o disminuir su valor, y se omiten antecedentes importantes para determinar el valor comercial de la propiedad.

Naturalmente existen diferencias entre un inmueble destinado para uso residencial en la comuna de La Reina, por ejemplo, respecto de un inmueble en el mismo sector que cuenta con permiso o patente comercial.

Resulta indesmentible que el daño patrimonial en ambos casos es diametralmente diferente y merecen distintas valorizaciones. Entonces ¿cómo garantizar al expropiado una indemnización que comprenda el daño patrimonial efectivamente causado? En primer lugar, mediante un estudio adecuado del bien expropiado, analizando su ubicación específica, el uso que se le da al inmueble y otros antecedentes que los técnicos en la materia deben determinar. El hecho de que los actuales informes acompañen mucha información, no significa que sea aquella la necesaria para la adecuada valorización comercial del bien raíz.

En segundo lugar, es necesario que los Tribunales Superiores de Justicia determinen de manera nítida los daños indemnizables producto de una expropiación. Eso no significa que todas las tasaciones efectuadas por los peritos no sean idóneas, pero en reiteradas ocasiones se han observado valores no ajustados a la realidad. Y como señaló un connotado intelectual “la duda es el principio de la sabiduría”.

Si la persona está disconforme con la valorización de su propiedad, podrá reclamar judicialmente mediante un procedimiento sumario regulado en el Decreto Ley 2.186, que resulta ser el camino más idóneo para reparar el daño. Esto permite al querellante percibir la suma no contendida inmediatamente, sin tener que esperar el resultado del litigio.


 

Fuente: Revista Capital, opinión de Marinovic y Asociados

ASATCH A.G.

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